viernes, 21 de enero de 2011

Los ganadores del modelo neoliberal

El complejo entramado de empresas nacionales, compañías extranjeras, bancos locales y entidades financieras internacionales que impulsaron el endeudamiento público durante los años de plomo consolidaron una burguesía transnacional, cuyo costo pagó el conjunto de la sociedad. Fueron los ganadores del modelo que arrancó con la Ley de Entidades Financieras y que tuvo otro hito fundamental el 15 de julio del ’77 con la Ley 21.599, que disolvió la Confederación General Económica (CGE). En el núcleo de ese grupo estaban las familias Pérez Compac, Rocca, Macri, Soldatti y Roggio; además de la tradicional oligarquía asociada al complejo agroexportador encabezado por firmas como Cargill y Bunge & Born.
Los grupos en cuestión mantuvieron vínculos privilegiados con el Estado y estrechas relaciones con el sistema financiero. El primer factor les concedió la protección para operar en condiciones oligopólicas, fijando precios y acrecentando ganancias. El segundo, los proveyó de la liquidez que les permitió explotar las diferencias entre las bajas tasas de interés internacionales y las altas tasas locales. Además, la diversificación les posibilitó reorientar sus inversiones hacia actividades más rentables, según las necesidades del momento. La evolución de esos conglomerados constituyó la contracara de las pequeñas y medianas empresas, arrasadas por la apertura comercial indiscriminada y el achicamiento del mercado interno. Los seguros de cambio y la socialización de la deuda les garantizaron la irreversibilidad de los hechos. Ya en democracia, como capitanes de la industria, presionarían para conseguir la impunidad.
Pocos marcos jurídicos son los que subsisten sin grandes modificaciones desde la época de la dictadura. Sin embargo, dos siguen en pie. La influencia de ambos condiciona las decisiones económicas y el rol del Estado. Ambos institutos legales constituyeron el eje principal sobre el cual José Alfredo Martínez de Hoz y sus colaboradores construyeron el andamiaje legal que habilitó la apertura financiera y comercial que, en los años noventa, ya bajo el Consenso de Washington, profundizó y perfeccionó el gobierno de Carlos Menem. Se trata de dos piezas claves. Una es de ellas es Ley de Entidades Financieras. La otra: la Ley de Inversiones Extranjeras. Dos hermanas nacidas al amparo del golpe de marzo del ’76.



Acá dejo uns videos para que tengamos memoria. El último es de 1h, es el recorrido histórico por los distintos planes y medias económicas de nuestro país, desde la década del ´70 hasta el 2010, narrado desde la voz de los propios Presidentes y Ministros de Economía de la Argentina.




jueves, 20 de enero de 2011

MADE IN CASA

El sector madera y muebles sustituyó importaciones por u$s42 millones


La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que en 2010 el sector de madera y muebles importó un 42% menos que en 2008 con el mismo nivel de actividad, lo que equivale a 42 millones de dólares "que se quedaron en el país", dijo.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que “el sector de maderas y muebles importó en 2010 un 42% menos de lo que importó en 2008, lo que equivale a u$s42 millones que se quedaron en el país”, y agregó “tenemos estos resultados porque defendemos a nuestra producción de la competencia desleal y porque aplicamos los instrumentos necesarios para incentivar el trabajo nacional”.

La funcionaria explicó que a partir de la implementación de Licencias No Automáticas (LNA) en el sector maderero, en 2010 se consolidó la tendencia de sustitución de importaciones: “Lo que vemos aquí se ha dado en distintos sectores productivos, ya que hemos pasado de 150 productos con Licencias No Automáticas a fines de 2008 a 404 en 2010, y así logramos que en este último año se importara por casi 3.000 millones de dólares menos que en 2008” detalló.


La producción de madera y muebles está muy desarrollada en San Fernando (es la segunda industria en importancia de ese municipio, después de la náutica), y en el marco del Plan Nacional de Diseño –dependiente del Ministerio de Industria– se trabajará para que la producción local de madera logre aumentar la competitividad de las empresas y mejorar las posibilidades de colocación de sus productos en el mercado interno y externo.

En una primera instancia, se trabajará con ocho carpinterías del distrito con la intención de agregar valor a la madera de pino, principal materia prima del área. Después se brindará apoyo para trabajar en la comunicación y la marca de los productos.

Crecimiento del sector

Desde la Federación Argentina Industria de Madera y Afines (Faima) resaltaron que “gracias al plan, se dejó de ver al diseño como un gasto y se lo empezó a ver como agregación de valor”.

La industria de madera y muebles es un entramado de unas 8.000 pymes que dan trabajo a 70.000 personas, y el sector mostró interés en las políticas estatales de incentivo a las pymes.

Por caso, el Fonapyme –una línea de financiamiento blando que el Ministerio de Industria tiene para las pequeñas y medianas empresas– tiene en total nueve proyectos aprobados para empresas maderas por un monto de $4,5 millones.

En Berazategui, en tanto, se está creando el primer polo industrial maderero de la Argentina. Dentro de las 33 hectáreas del predio ya están en proceso de instalación 26 empresas madereras: como “Centro de Diseño Italiano”, una de las primeras en comenzar a trabajar para desarrollar su nave dentro del polo, que antes sólo se dedicaba a importar.

Desde Faima aseguraron que “son muchos los casos de empresas que hace unos años eran reconocidas importadoras y que hoy comienzan a producir en nuestro país”, y añadió que “de los productos que importaba el sector en 2008, hoy importa la mitad”.

El sector trabaja con innovación para agregar valor a los productos. Se dio el caso de exportadores madereros que, con la caída de los índices mundiales en construcción, se encontraron con un excedente de producción. A partir de realizar modificaciones en sus fábricas y agregar valor y trabajo argentino, comenzaron a desarrollar viviendas de madera que hoy entregan a través de distintos convenios en la provincia de Misiones, Salta, Chaco y Tierra del Fuego.



Así desprestigiaban y hacían mierda a la industria nacional en la época de la dictadura. Y después siguió menem con su política neoliberal.

martes, 18 de enero de 2011

Yacyretá alcanzará su máximo nivel de generacion



La represea de Yacyretá alcanzará su cota máxima de 83 metros antes de marzo de este año, pasando a generar 2.250 megavatios, con un crecimiento de potencia del 67% desde 2004. El plan de terminación de Yacyretá, iniciada hace 30 años, demandó tratamiento costero y otras grandes obras.
La gigantesca central hidroeléctrica de Yacyretá está en vísperas de alcanzar su máxima capacidad y la próxima terminación de las obras, casi cuatro décadas después del tratado argentino-paraguayo que la gestó y tras 30 años de construcción.

La colosal obra alcanzó sus primeros objetivos en la década pasada, cuando se había completado la construcción de la represa en el alto Paraná, se había formado el embalse y se generaba energía, pero nunca llegó a la cota de diseño de 83 metros sobre el nivel del mar.

Desde 1994, la central operó a cota de 76 metros, nivel que no fue mejorado en los siguientes 12 años. Esa parálisis fue rota con el Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), acordado por la Argentina y Paraguay en 2003, y que hoy muestra sus resultados.

"El avance del PTY, luego de asegurar en ambas márgenes la infraestructura social y el saneamiento urbano-ambiental, ha permitido alcanzar diferentes hitos de recrecimiento del embalse", dice Oscar Thomas, director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, en un informe.

Enumera luego que la potencia media de la central pasó de 1350 megavatios en 2004 a 2250 en 2010: un crecimiento de 67%.

Añade que fue "recreciendo gradualmente el embalse de tal forma de llegar a cota 82 msnm a fines de diciembre de 2010, a cota definitiva 83 msnm antes de marzo de 2011 y concluir todas las obras en curso para fines de 2011".

El plan de terminación requirió tratamiento costero y recomposición de la trama urbana en las ciudades paraguayas de Encarnación, Cambyretá, San Juan y Carmen del Paraná, y en las argentinas de Posadas, Garupá y Candelaria, todas en Misiones.

Hubo necesidad de obras viales de integración entre Posadas y Encarnación y otras en la provincia de Misiones, y trabajos de protección ambiental, saneamiento y reposición funcional en toda el área intervenida.
El conjunto de estas obras de terminación, que presentan un avance global de 70%, demandó 3 millones de metros cúbicos de excavaciones y 24 millones de metros cúbicos de rellenos y terraplenes.

También se hicieron o aplicaron 3 millones de metros cúbicos de protecciones de roca, 700.000 metros cuadrados de membrana geotextil, 200.000 metros cúbicos de hormigones, 15.000 toneladas de aceros, 150.000 metros cúbicos de enripiado y 1,5 millones de metros cuadrados de pavimentos.

La intervención dejó un aporte ambiental de más de 6000 hectáreas de lagos, 5.000 metros de playas, 600 hectáreas de reservas urbanas y 600 hectáreas de espacios verdes equipados para actividades culturales y recreativas.
También integra el haber nueva infraestructura en ambas márgenes, como plantas de tratamiento de efluentes cloacales, nuevos puertos, nuevos accesos viales, puentes y edificios públicos.

"Se trata, en suma, de grandes intervenciones que proponen un nuevo orden urbano que significa devolverle la cara al río a las ciudades intervenidas y nuevas relaciones sociales, derivadas de los espacios públicos equipados, y territoriales a partir de los nuevos ejes de movilidad", dice Thomas en su informe.

El período del PTY también se distingue por las compensaciones transferidas al Paraguay, pues entre 1994 y 2003 se le pagaron 111 millones de dólares, mientras que en los últimos seis años se le transfirieron 567,4 millones


domingo, 16 de enero de 2011

En Baradero también queremos a Cristina 2011

Compañeros de La Cámpora Baradero cruzaron el río para dejar en la llegada del rally raid Dakar 2011 una bandera que fue vista por mas o menos 25.000 personas. Salió en algunos medios locales pero podría haber tenido más repercusión por la cantidad de medios de todo el país que llegaron para cubrir el evento. Raríiiiiisimo...




IDEOLOGIA Y POLITICA EN EL DESAFIO DE LA RURAL


Se va la segunda
El lockout de la Sociedad Rural se opone al control estatal de la evasión. Pero también busca incidir en año electoral contra un gobierno aborrecido. Estas razones políticas e ideológicas explican la adhesión de chacareros y cooperativistas, beneficiarios de la política oficial. La liberalización total reduciría los ingresos de los productores e incrementaría los precios de los alimentos. El trabajo esclavo no respeta geografía ni edades: la explotación infantil en Mendoza.
La Sociedad Rural eligió el primer mes del año para la reanudación de su ofensiva sobre el gobierno nacional, que intentará reforzar a partir de marzo. El Estado planea responder sólo en términos de racionalidad económica, que pongan en evidencia el trasfondo ideológico y político del desafío: el rechazo a toda intervención estatal, incluyendo el control de la evasión impositiva, y la inminencia de una campaña hacia las elecciones primarias de agosto y generales de octubre. Para los más poderosos, cualquier límite que el Estado ponga a su libertad de acción es intolerable, aunque se fundamente en el bienestar colectivo. La renovación presidencial de este año decidirá la continuidad o no de un gobierno al que las patronales agropecuarias consideran el enemigo principal con el que anhelan acabar. No es superfluo recordar las manifestaciones explícitas en ese sentido de Hugo Biolcati, quien llegó a expresar su deseo de que la presidente CFK no concluyera su primer mandato, y de su satélite Eduardo Buzzi, cuyas acciones se orientaron según su propia confesión, a desgastar al gobierno. Ninguno de esos deseos se cumplió, lo cual exasperó sus ánimos, a pesar de la extraordinaria rentabilidad obtenida por sus representados en estos años. La estrategia oficial de separarlos choca con la realidad de un acuerdo profundo. Difieren los intereses de los respectivos representados, no los dirigentes que coinciden en sus valoraciones superestructurales.
A paladas
Tal como ocurrió en 2008, la confrontación dispuesta por Biolcati en torno del trigo se produce en momentos de grandes cosechas y alza de los precios internacionales de los granos. Esto indica que los distintos sectores del agro no están atravesando un momento de crisis sino de bonanza excepcional, lo cual también se refleja en el impresionante boom inmobiliario, que no sólo alcanza la zona núcleo cerealera sino también a los países vecinos, donde las ganancias de los inversores argentinos se atesoran en ladrillos, más seguros que lingotes de oro. En julio de 2008, cuando el vicepresidente Julio Cobos gozó de sus 15 warholianos minutos de fama, el precio de la soja llegó a los 550 dólares por tonelada, y el del trigo estaba en 330, en ambos casos en moneda corriente. Luego de la fuerte caída posterior y superadas la sequía argentina y la crisis financiera internacional, ambas las peores en un siglo, los precios vuelven a florecer. En noviembre de 2010 la tonelada de soja rondaba los 500 dólares y la de trigo los 300, siempre en moneda corriente. Pese a que Biolcati y Buzzi habían augurado que en 2010 y 2011 sería necesario importar trigo, la actual cosecha superará los 14 millones de toneladas de trigo, casi el doble que el año pasado, de las cuales sólo la mitad se consumirá en el país.
Los términos del debate
El punto central del debate es la fijación de un cupo que el gobierno nacional considera innegociable, porque hace a la seguridad alimentaria, y el requisito de permisos de exportación que sólo se otorgan si no está comprometido el abastecimiento interno. El Estado calcula a cuánto llegará cada año el consumo de los 40 millones de habitantes del país y reserva ese cupo para las empresas que se encargan de triturar el grano y convertirlo en harina. Recién por encima de esa cuota permite la exportación, que está en manos de otras empresas, aunque algunas coinciden en ambos rubros. De ese modo asegura que no faltarán pan, galletitas, fideos, ravioles y pizza. Para que lleguen al público a precios razonables, el Estado paga subsidios a los molinerosEsto les permite no trasladar al mercado interno el precio internacional. Por medio de la ONCAA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) verifica que los productores reciban el precio de exportación, menos las retenciones vigentes, que en el caso del trigo son del 23 por ciento, y los costos del embarque. En caso contrario, no paga el subsidio a los molinos. Para que los productores puedan participar en una instancia previa de control al momento de vender, el Estado informa cuál es ese precio teórico. Además, a los productores de menos de 800 toneladas (que son casi la mitad del total) se les devuelven las retenciones. Según la Sociedad Rural, ni la industria de la molienda ni los exportadores les pagan a los productores ese denominado “precio pleno”, es decir sin otros descuentos. Por eso pretende que no exista cupo alguno y que toda la producción quede librada a las fuerzas del mercado, aunque no explica cómo haría para que, con precios internacionales en alza, esa competencia irrestricta no encareciera la alimentación popular, nivelando hacia arriba.
Cien años de perdón
En cambio, el gobierno ofreció créditos del Banco Nación a tasa cero y sin otra garantía que el propio grano, por el equivalente a un millón de toneladas, de modo que los productores más débiles pudieran retener el trigo por seis meses y no se vieran obligados a malvenderlo. Para las asignaciones se privilegiará la zona de emergencia climática y las evaluaciones serán realizadas en cada región por los ministerios de Agricultura, el Banco Nación y los municipios. A esa línea, de 840 millones de pesos se suma otra por igual valor con financiamiento subsidiado para compras adicionales de los molinos.
Si, tal como afirma la Mesa de Enlace y no desmiente el gobierno, molineros y traders pagan menos que el precio pleno, ¿cómo es posible que no haya denuncias específicas por esta infracción, que descalifica para recibir el subsidio? La razón de este misterio es que imponen un fuerte descuento a quienes ofrecen sus granos en negro, en aplicación de un axioma de la sabiduría popular sobre el perdón y el tiempo que dura según quien sea la víctima. Pero hay que buscar en el orden de la ideología y de la política para entender por qué las entidades que dicen representar a los pequeños chacareros y a las cooperativas, vuelven a correr detrás de la representación de los grandes latifundistas, agrupados en la Rural y en Carbap. Biolcati también fue el vocero del conjunto para descalificar la petición de la presidente de que en el encuentro pactado con los gremialistas patronales también se analizaran las medidas posibles contra la informalidad y el trabajo esclavo en el sector agropecuario. Las cuatro entidades se opusieron a la formalización de esas relaciones y su adecuación a la legislación vigente cuando la Comisión Nacional de Trabajo Agrario las planteó en diciembre de 2008.
Concentración
Cada eslabón de la cadena triguera tiene un grado distinto de concentración. El 92 por ciento de los productores, es decir unos 27.000, son responsables de algo más de la mitad de la cosecha. La otra mitad está en manos del 8 por ciento restante, unos dos mil productores. Es obvio el mayor poder negociador de este último grupo. Tres molinos (Cañuelas, Lagomarsino y Cargill) compran el 30 por ciento del trigo para harina; los otros 160 molinos, que manejan el 70 por ciento restante son empresas familiares y/o pymes. Las diez grandes traders comercializan nueve de cada diez toneladas (también aquí Cargill, más Bunge, ADM, Dreyfus, ACA, Toepfer, Oleaginosas Moreno, Nidera, Aceitera General Deheza y Noble), mientras otras treinta y tres se disputan la tonelada restante. Además, molinos y exportadores pactaron acuerdos de los que la Mesa de Enlace se negó a participar y que consistieron en deprimir los precios que reciben los productores más débiles. Otro actor que cincha del mismo lado de la soga es el sector de acopiadores, que embolsa la diferencia entre el precio reducido al que liquidan las operaciones con los pequeños productores y el pleno que le pagan molinos y exportadoras. Esta cartelización de los actores principales, que se reparten los cupos, es un dato histórico, que la Sociedad Rural recién denuncia ahora, porque hay un Estado presente. En otros países los gobiernos difunden cuál es el costo de producción, al que le suman un porcentaje de rentabilidad. En la Argentina, en cambio, se publica el valor en el mercado internacional, que es un arma en defensa del productor. La respuesta de la Sociedad Rural a esta situación compleja que requiere mejorar las herramientas de fiscalización con que cuenta el Estado, consiste en suprimir las pocas que hoy existen. Si su aspiración se concretara no sólo sufriría el consumo interno, también se acentuaría la desigualdad entre los grandes y los pequeños productores. Por el contrario, el Estado exige la documentación completa sobre las circunstancias de cada operación, lo que incluye el pago de impuestos, como condición para el cobro del llamado precio pleno. La solución propuesta por Biolcati bajaría aún más los precios que recibe el productor, ya que se duplicaría la oferta, de 7 a 14 millones de toneladas, frente a una demanda muy concentrada. Y al mismo tiempo aumentarían los alimentos, porque las comercializadoras impondrían al mercado interno el precio internacional.
Veinte años después
Desde la década de 1930 y bajo gobiernos militares, peronistas y radicales, existió un organismo regulador que fue disuelto en 1991 por el presidente Carlos Menem, su ministro de Economía Domingo Cavallo y su secretario de Agricultura Felipe Carlos Solá. Ese organismo, cuyo último nombre fue Junta Nacional de Granos, compraba en el mercado un tercio de la producción y lo comercializaba, con lo cual regulaba su precio. En aquel momento se destruyó también la flota mercante, con lo cual el Estado perdió instrumentos decisivos para lograr que la renta agrícola quedara en el país. La recreación de un ente similar ya fue contemplada durante la crisis de 2008 y reaparecerá cada vez que se plantee un reto similar. Los principales compradores asiáticos de granos argentinos, como China, prefieren centralizar el comercio entre los estados, sin intervención de las multinacionales. La nostalgia de la Junta Nacional de Granos fue uno de los rasgos identitarios de chacareros y cooperativistas. Pero una vez más han privilegiado la unidad de la Mesa de Enlace, al mismo tiempo que el principal mentor político de Buzzi, Víctor De Gennaro profundizaba un giro sorprendente, debutando como columnista en el diario La Nación. No obstante, han recomendado que sus afiliados aprovechen las inusuales líneas crediticias ofrecidas por el gobierno. Tal vez haya que esperar el surgimiento de una dirigencia gremial sin mañas políticas ni agenda oculta para que al avance del Estado en esa dirección la respuesta deje de ser la puñalada por la espalda. Mañana, cuando comience el lockout patronal, arrancará también el raid con que el ministro de Agricultura Julián Domínguez se propone cubrir toda la región triguera, en contacto con los ministros provinciales y los intendentes de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, para hablar con los productores en el comprensible idioma del bolsillo.

La Sociedad Rural reanuda la batalla cuando el precio del trigo casi duplica el de fines de 2008 y la cosecha supera los 14 millones de toneladas.

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