Política exterior y alianza productiva, ejes de la cumbre

La cooperación internacional entre Argentina y Brasil y la necesidad de reforzar la alianza estratégica y productiva se plasman en una serie de documentos que están siendo consensuados entre ambas cancillerías y que las mandatarias firmarán el lunes, durante la agenda preparada para el lunes.

Este primer viaje al exterior de Dilma Rousseff desde que asumiera el 1 de enero forma parte del Mecanismo de Integración y Coordinación Bilateral con Argentina.

Además de reconocer el desarrollo que tuvieron las relaciones entre los dos países, ambas presidentas celebrarán acuerdos para profundizarlas y aumentar la cooperación internacional y para reforzar la alianza estratégica y productiva.

La amplia agenda de temas bilaterales, regionales, así como el estado de implementación de proyectos que hacen a la integración bilateral, serán repasados en la jornada.

En la ocasión se suscribirán los siguientes documentos: Declaración Presidencial Conjunta; Declaración sobre Políticas de Género; Términos de referencia para la creación del Consejo Empresarial Argentino Brasileño; Memorando de Entendimiento sobre Promoción Comercial Conjunta; Protocolo Adicional al Acuerdo para la Creación de la Comisión de Desarrollo Fronterizo (CODEFRO); Acuerdo para la Construcción de un Puente Internacional sobre el Río Pepirí Guazú; Memorando de Entendimiento sobre Bioenergía incluyendo Biocombustibles.

Al mismo tiempo se acordaron: Memorando de Entendimiento sobre Cooperación de Planeamiento Urbano y Vivienda; Memorando Interinstitucional entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Caixa Económica Federal sobre cooperación en programas de vivienda.
Integran la lista: Memorando Interministerial entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de Minas y Energías sobre Interconexión Eléctrica; Declaración sobre los Aprovechamientos de los Recursos Hídricos Compartidos en el tramo Limítrofe del Río Uruguay y su Afluente el Río Pepirí Guazú; Convenio de Cooperación entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina y la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil sobre proyecto de nuevo reactor de investigación multipropósito.

Y hay otros documentos que se están negociando.

El encuentro presidencial estuvo precedido por una reunión preparatoria entre el canciller argentino, Héctor Timerman, y su par brasileño, Antonio de Aguiar Patriota, el pasado 10 de enero, en Buenos Aires.

Fuentes de la Cancillería destacaron que la reunión de las Presidentas se realiza en el marco del gran momento que atraviesan las relaciones políticas y comerciales entre ambos países, dando continuidad y mayor profundidad a las políticas de integración bilateral que se vienen desarrollando.

En tal sentido, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó ayer que Argentina es uno de los "actores estratégicos" de la política exterior de su país y anticipó que los ejes de su visita a Buenos Aires serán la cooperación comercial y en el área de energía nuclear y la coordinación en organismos multilaterales.

"La Argentina es uno de los actores fundamentales, uno de los elementos estratégicos para nuestra política externa", destacó Rousseff en diálogo con la prensa brasileña, en la ciudad de Porto Alegre, donde inauguró una usina de una represa y se reunió con el gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro.

El primer destino de los viajes al exterior de la presidenta brasileña es Buenos Aires, adonde llegará el lunes acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota; de Hacienda, Guido Mantega; de Desarrollo Social, Tereza Campelo; de Energía, Edson Lobao; de Ciencia y Tecnología, Aloizio Mercadante; y de Desarrollo, Industria y Comercio, Fernando Pimentel.

Pero, no era que estábamos aislados del mundo y en el exterior se nos cagaban de risa?

Argentina en palabras del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz

En el campo...

Las retenciones constituyen un instrumento que apunta a generar un tipo de cambio diferencial que favorezca las actividades industriales, objetivo ineludible de todo país que pretende encaminarse en un proceso de desarrollo con empleo. Las alícuotas fijas necesitaban ser readecuadas para hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de los precios internacionales de productos agroalimentarios. Las retenciones móviles y el extenso conflicto que generaron habría sido innecesario si la Argentina hubiese mantenido y profundizado otros mecanismos institucionales que supo crear a lo largo de su historia.

El conjunto de instrumentos alternativos para enfrentar el problema de la variabilidad de precios internacionales –entre otros, las juntas nacionales de Granos y Carnes creadas por los gobiernos conservadores durante los años ’30– fue desmantelado en los años ’90, dejando a los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución de los mercados internacionales.

A medida que el Estado se retiraba, avanzaban los sectores concentrados en el control de la comercialización, de la logística, del conjunto de actividades de soporte del sector, dejando al pequeño productor en una situación fuertemente subordinada. En consecuencia, que las retenciones se hayan aplicado no fue el resultado de un capricho, sino de un conjunto de decisiones políticas y privadas tomadas en el pasado que no dejaron más alternativa que impulsarlas y profundizarlas.

Regulación

Se han reforzado las prácticas de abuso de poder dominante de los eslabones más concentrados de las cadenas alimentarias, particularmente las grandes comercializadoras de granos trasnacionales o locales trasnacionalizadas. Estas buscan mantener su margen de ganancia sobre los productores más pequeños con limitadas capacidades financieras y de almacenamiento. Situación que es particularmente grave para el trigo, en el cual los problemas de logística y almacenamiento son mayores que en la soja.

Frente a este nuevo escenario, se vuelve imprescindible regular el comercio exterior a partir de mecanismos modernos de intervención, recuperando aprendizajes previos y reconociendo sus errores y virtudes. Nuestro país es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de cereales (los otros cuatro son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de materias primas. Todos los países exportadores cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa, combinan transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos con las “órdenes de comercialización”.

En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte de agencias nacionales de comercialización de granos y otros productos agropecuarios que en el primer caso son estatales y en el segundo son privadas pero bajo control de los productores) centralizan el acopio y la exportación, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del comercio de granos. En Nueva Zelanda existe un esquema similar para la leche, bajo gestión privada de una megacooperativa que hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de una reinversión de la renta agraria en la diversificación de actividades y “descommoditización”.

Canadá

Veamos con más detalle el caso de la regulación del comercio de trigo en Canadá y Australia. En Canadá la exportación y la comercialización interna se encuentran coordinadas por el Canadian Wheat Board. Es una empresa mixta, en cuyo directorio la participación del sector público es minoritaria, buscando eludir las presiones crecientes a la OMC. Anteriormente su consejo de administración estaba compuesto por 5 representantes del gobierno y 10 de los agricultores. Actualmente, los representantes gubernamentales se redujeron a 3.

Los tres pilares del CWB son:

1. El monopolio de las exportaciones (single-desk selling), que les otorga a los productores mayor poder de negociación en los mercados internacionales.

2. Pooling no obligatorio; los productores pueden optar por un esquema de pooling en el que los ingresos por ventas son depositados en una misma cuenta, de forma tal que todos los productores reciban el mismo precio para cada clase y grado específico, independientemente del momento de venta. Este mecanismo, además de reducir el riesgo asociado a la variabilidad de los precios, permitía importantes economías de escala en la comercialización. Este mecanismo fue flexibilizado desde el año 2000, y los productores pueden optar por precios diferentes, dentro o fuera del pooling, perdiendo en el primer caso los beneficios del primer mecanismo.

3. Precio de garantía, según el cual cada productor recibe un pago parcial o inicial del 75 por ciento garantizado y luego se le otorgan pagos compensatorios según los precios efectivamente obtenidos por el CWB. El precio de garantía incluye diferenciales por clase, por grados y por proteína.

Cabe destacar que el CWB se complementa con el CIGI (Canadian Internacional Grain Institute) encargado de la promoción a la innovación y el aprendizaje tecnológico, siendo una pieza clave en una estrategia agresiva de exportación de trigo que ofrece variados requisitos de calidad a partir de la vinculación con las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, este organismo invita a compradores institucionales extranjeros a eventos en los cuales se promocionan los productos, incluyendo laboratorios panaderos para mostrar su calidad en los productos finales.

Australia

Australia organiza su sistema de comercialización y de calidad de trigo a partir del Australian Wheat Board limited, que a diferencia del CWB ha sido reestructurado y hoy funciona como una sociedad anónima. Cerca del 90 por ciento del grano manejado por el AWB es trigo y este cereal contribuye significativamente a la economía australiana. Representa el 3 por ciento del valor total de las exportaciones y alrededor del 12 por ciento del total de las ventas agropecuarias al exterior. El trigo para el consumo interno puede ser adquirido directamente a los productores o a empresas de comercialización, o bien al AWB, constituyendo un dual-marketing system. Si bien el comercio de trigo para el consumo interno se ha desregulado, el AWB sigue monopolizando el comercio exterior que representa el 70-80 por ciento del total de trigo producido. Además, el AWB también interviene en el manejo y comercialización de otros granos, incluyendo cebada, sorgo, semillas oleaginosas y legumbres.

La comercialización se organiza en un pooling no obligatorio según el cual todas las ventas del AWB son depositadas en la misma cuenta, de modo tal que todos los productores reciban el mismo precio independientemente del momento de venta, asegurando una estabilidad de precios y ganancias para los productores derivadas del poder de negociación de altos volúmenes en la comercialización externa. Sin embargo, las ganancias por variaciones en los precios y por mayores escalas de venta no se retribuyen a través de “compensaciones”, sino mediante dividendos a los productores en tanto accionistas, en función de la propiedad de acciones en la AWB. Asimismo el AWB provee a los productores de recursos financieros asegurados a través de la entrega del trigo que el productor concreta en el pool.

Argentina

La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares que, sin embargo, frente a la presión de las grandes empresas comercializadoras de granos, funcionaron esporádicamente, en forma incompleta y finalmente fueron desmantelados mediante el decreto de desregulación económica de noviembre de 1991. La Junta Reguladora de Granos (luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante los años ’30 en forma contemporánea a los Boards de Canadá y Australia en el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones. La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles, organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las exportaciones, establecer estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares, asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales. Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios que protegieran al pequeño agricultor, dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades de los sectores más concentrados del campo y fundamentalmente las empresas del comercio de granos. La intervención en los precios sólo fue efectiva en un breve período: durante los años ’30, cuando fueron creadas por los conservadores; en los ’40, al ser reforzadas durante el gobierno de Perón, y en el breve lapso del gobierno de Cámpora. El resto de las funciones fueron sin embargo cruciales para la organización del sector y generaron importantes capacidades del Estado. Capacidades que fueron perdidas en la década pasada, trasladándose sus funciones a un mercado dominado por un reducido número de grandes empresas extranjeras y grupos locales del comercio de granos.

Propuestas

Recrear mecanismos de regulación del mercado de granos es una tarea de aprendizaje institucional en la cual las entidades del campo debieran formar parte junto al gobierno, y defenderlos como propios. Es interesante tener en cuenta el involucramiento de los productores australianos, neocelandeses y canadienses, frente a la oleada de liberalización de los años ’90, que buscó desmontar estos mecanismos. Estos no cedieron ante la ofensiva de las grandes trasnacionales de granos, en donde verdaderamente se encuentra el “poder”. La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a esas empresas, sino que optaron en algunos casos por el reemplazo de los boards por mega cooperativas de exportación (como Fonterra, la cooperativa de productores lácteos neocelandeses, o el board privado en el caso del trigo de Australia). De esta manera, lograron mantener un instrumento que les permite garantizar la oferta de alimentos a la población y fortalecer la competitividad del sector.

En este sentido, las retenciones fueron un paso necesario hacia la configuración de un nuevo régimen que concilie los objetivos de exportar con los de alimentar a la población, sin lesionar las ganancias normales de la actividad. Sin embargo, se evidencia una ausencia de propuestas y acompañamiento de una representación de los productores que, presa de una lectura errónea de las relaciones de poder al interior de las cadenas, terminan favoreciendo los intereses de los sectores concentrados. Tarde o temprano, las nuevas necesidades de regulación van a imponerse indefectiblemente. Los pequeños agricultores, y los no tan pequeños, reconocerán su necesidad. El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados con importante poder de fuego mediático, que son los que verdaderamente se benefician con la intransigencia de las entidades patronales del campo.

En fin, para que estas medidas puedan ser implementadas, es necesaria una participación activa de los pequeños y medianos productores, invitándolos a abandonar sus malas compañías del pasado. Sólo de esta forma podrá sumárselos a un modelo de acumulación con inclusión social junto a la mayoría de los trabajadores y los empresarios nacionales.

Pablo Lavarello * y Evelin Goldstein **

* Investigador del Ceur-Conicet y del Ciepyc-UNLP.

** Economista de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA).

Los ganadores del modelo neoliberal

El complejo entramado de empresas nacionales, compañías extranjeras, bancos locales y entidades financieras internacionales que impulsaron el endeudamiento público durante los años de plomo consolidaron una burguesía transnacional, cuyo costo pagó el conjunto de la sociedad. Fueron los ganadores del modelo que arrancó con la Ley de Entidades Financieras y que tuvo otro hito fundamental el 15 de julio del ’77 con la Ley 21.599, que disolvió la Confederación General Económica (CGE). En el núcleo de ese grupo estaban las familias Pérez Compac, Rocca, Macri, Soldatti y Roggio; además de la tradicional oligarquía asociada al complejo agroexportador encabezado por firmas como Cargill y Bunge & Born.
Los grupos en cuestión mantuvieron vínculos privilegiados con el Estado y estrechas relaciones con el sistema financiero. El primer factor les concedió la protección para operar en condiciones oligopólicas, fijando precios y acrecentando ganancias. El segundo, los proveyó de la liquidez que les permitió explotar las diferencias entre las bajas tasas de interés internacionales y las altas tasas locales. Además, la diversificación les posibilitó reorientar sus inversiones hacia actividades más rentables, según las necesidades del momento. La evolución de esos conglomerados constituyó la contracara de las pequeñas y medianas empresas, arrasadas por la apertura comercial indiscriminada y el achicamiento del mercado interno. Los seguros de cambio y la socialización de la deuda les garantizaron la irreversibilidad de los hechos. Ya en democracia, como capitanes de la industria, presionarían para conseguir la impunidad.
Pocos marcos jurídicos son los que subsisten sin grandes modificaciones desde la época de la dictadura. Sin embargo, dos siguen en pie. La influencia de ambos condiciona las decisiones económicas y el rol del Estado. Ambos institutos legales constituyeron el eje principal sobre el cual José Alfredo Martínez de Hoz y sus colaboradores construyeron el andamiaje legal que habilitó la apertura financiera y comercial que, en los años noventa, ya bajo el Consenso de Washington, profundizó y perfeccionó el gobierno de Carlos Menem. Se trata de dos piezas claves. Una es de ellas es Ley de Entidades Financieras. La otra: la Ley de Inversiones Extranjeras. Dos hermanas nacidas al amparo del golpe de marzo del ’76.


Acá dejo uns videos para que tengamos memoria. El último es de 1h, es el recorrido histórico por los distintos planes y medias económicas de nuestro país, desde la década del ´70 hasta el 2010, narrado desde la voz de los propios Presidentes y Ministros de Economía de la Argentina.

MADE IN CASA

El sector madera y muebles sustituyó importaciones por u$s42 millones

La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que en 2010 el sector de madera y muebles importó un 42% menos que en 2008 con el mismo nivel de actividad, lo que equivale a 42 millones de dólares "que se quedaron en el país", dijo.

La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que “el sector de maderas y muebles importó en 2010 un 42% menos de lo que importó en 2008, lo que equivale a u$s42 millones que se quedaron en el país”, y agregó “tenemos estos resultados porque defendemos a nuestra producción de la competencia desleal y porque aplicamos los instrumentos necesarios para incentivar el trabajo nacional”.

La funcionaria explicó que a partir de la implementación de Licencias No Automáticas (LNA) en el sector maderero, en 2010 se consolidó la tendencia de sustitución de importaciones: “Lo que vemos aquí se ha dado en distintos sectores productivos, ya que hemos pasado de 150 productos con Licencias No Automáticas a fines de 2008 a 404 en 2010, y así logramos que en este último año se importara por casi 3.000 millones de dólares menos que en 2008” detalló.


La producción de madera y muebles está muy desarrollada en San Fernando (es la segunda industria en importancia de ese municipio, después de la náutica), y en el marco del Plan Nacional de Diseño –dependiente del Ministerio de Industria– se trabajará para que la producción local de madera logre aumentar la competitividad de las empresas y mejorar las posibilidades de colocación de sus productos en el mercado interno y externo.

En una primera instancia, se trabajará con ocho carpinterías del distrito con la intención de agregar valor a la madera de pino, principal materia prima del área. Después se brindará apoyo para trabajar en la comunicación y la marca de los productos.

Crecimiento del sector

Desde la Federación Argentina Industria de Madera y Afines (Faima) resaltaron que “gracias al plan, se dejó de ver al diseño como un gasto y se lo empezó a ver como agregación de valor”.

La industria de madera y muebles es un entramado de unas 8.000 pymes que dan trabajo a 70.000 personas, y el sector mostró interés en las políticas estatales de incentivo a las pymes.

Por caso, el Fonapyme –una línea de financiamiento blando que el Ministerio de Industria tiene para las pequeñas y medianas empresas– tiene en total nueve proyectos aprobados para empresas maderas por un monto de $4,5 millones.

En Berazategui, en tanto, se está creando el primer polo industrial maderero de la Argentina. Dentro de las 33 hectáreas del predio ya están en proceso de instalación 26 empresas madereras: como “Centro de Diseño Italiano”, una de las primeras en comenzar a trabajar para desarrollar su nave dentro del polo, que antes sólo se dedicaba a importar.

Desde Faima aseguraron que “son muchos los casos de empresas que hace unos años eran reconocidas importadoras y que hoy comienzan a producir en nuestro país”, y añadió que “de los productos que importaba el sector en 2008, hoy importa la mitad”.

El sector trabaja con innovación para agregar valor a los productos. Se dio el caso de exportadores madereros que, con la caída de los índices mundiales en construcción, se encontraron con un excedente de producción. A partir de realizar modificaciones en sus fábricas y agregar valor y trabajo argentino, comenzaron a desarrollar viviendas de madera que hoy entregan a través de distintos convenios en la provincia de Misiones, Salta, Chaco y Tierra del Fuego.


Así desprestigiaban y hacían mierda a la industria nacional en la época de la dictadura. Y después siguió menem con su política neoliberal.

Yacyretá alcanzará su máximo nivel de generacion

La represea de Yacyretá alcanzará su cota máxima de 83 metros antes de marzo de este año, pasando a generar 2.250 megavatios, con un crecimiento de potencia del 67% desde 2004. El plan de terminación de Yacyretá, iniciada hace 30 años, demandó tratamiento costero y otras grandes obras.

La gigantesca central hidroeléctrica de Yacyretá está en vísperas de alcanzar su máxima capacidad y la próxima terminación de las obras, casi cuatro décadas después del tratado argentino-paraguayo que la gestó y tras 30 años de construcción.

La colosal obra alcanzó sus primeros objetivos en la década pasada, cuando se había completado la construcción de la represa en el alto Paraná, se había formado el embalse y se generaba energía, pero nunca llegó a la cota de diseño de 83 metros sobre el nivel del mar.

Desde 1994, la central operó a cota de 76 metros, nivel que no fue mejorado en los siguientes 12 años. Esa parálisis fue rota con el Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), acordado por la Argentina y Paraguay en 2003, y que hoy muestra sus resultados.

"El avance del PTY, luego de asegurar en ambas márgenes la infraestructura social y el saneamiento urbano-ambiental, ha permitido alcanzar diferentes hitos de recrecimiento del embalse", dice Oscar Thomas, director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, en un informe.

Enumera luego que la potencia media de la central pasó de 1350 megavatios en 2004 a 2250 en 2010: un crecimiento de 67%.

Añade que fue "recreciendo gradualmente el embalse de tal forma de llegar a cota 82 msnm a fines de diciembre de 2010, a cota definitiva 83 msnm antes de marzo de 2011 y concluir todas las obras en curso para fines de 2011".

El plan de terminación requirió tratamiento costero y recomposición de la trama urbana en las ciudades paraguayas de Encarnación, Cambyretá, San Juan y Carmen del Paraná, y en las argentinas de Posadas, Garupá y Candelaria, todas en Misiones.

Hubo necesidad de obras viales de integración entre Posadas y Encarnación y otras en la provincia de Misiones, y trabajos de protección ambiental, saneamiento y reposición funcional en toda el área intervenida.
El conjunto de estas obras de terminación, que presentan un avance global de 70%, demandó 3 millones de metros cúbicos de excavaciones y 24 millones de metros cúbicos de rellenos y terraplenes.

También se hicieron o aplicaron 3 millones de metros cúbicos de protecciones de roca, 700.000 metros cuadrados de membrana geotextil, 200.000 metros cúbicos de hormigones, 15.000 toneladas de aceros, 150.000 metros cúbicos de enripiado y 1,5 millones de metros cuadrados de pavimentos.

La intervención dejó un aporte ambiental de más de 6000 hectáreas de lagos, 5.000 metros de playas, 600 hectáreas de reservas urbanas y 600 hectáreas de espacios verdes equipados para actividades culturales y recreativas.
También integra el haber nueva infraestructura en ambas márgenes, como plantas de tratamiento de efluentes cloacales, nuevos puertos, nuevos accesos viales, puentes y edificios públicos.

"Se trata, en suma, de grandes intervenciones que proponen un nuevo orden urbano que significa devolverle la cara al río a las ciudades intervenidas y nuevas relaciones sociales, derivadas de los espacios públicos equipados, y territoriales a partir de los nuevos ejes de movilidad", dice Thomas en su informe.

El período del PTY también se distingue por las compensaciones transferidas al Paraguay, pues entre 1994 y 2003 se le pagaron 111 millones de dólares, mientras que en los últimos seis años se le transfirieron 567,4 millones.