El dictamen oficialista propone
la cancelación de deuda con reservas del Banco Central y la generación de
nuevos puestos de trabajo a través de la obra pública. Los fondos para la Asignación
Universal por Hijo también peligran.
No se trata sólo de una mala estrategia política por parte de la oposición la de entorpecer el tratamiento y poner en riego la sanción de la Ley de Presupuesto para 2011. No se trata ni siquiera de una pulseada entre el Grupo A en el Parlamento más el Proyecto Sur contra el gobierno nacional por ver quién tiene posibilidad de marcar la cancha en términos de gobernabilidad para un año complicado, por las elecciones presidenciales de 2011. El problema, una vez más, es cuestión de modelos económicos y sociales. El Presupuesto ideado por el Poder Ejecutivo está centrado fundamentalmente en dos ejes: cancelación de deudas a través de los fondos que maneja el Banco Central a través de sus reservas, y generación de empleo a través de la obra pública.
No se trata sólo de una mala estrategia política por parte de la oposición la de entorpecer el tratamiento y poner en riego la sanción de la Ley de Presupuesto para 2011. No se trata ni siquiera de una pulseada entre el Grupo A en el Parlamento más el Proyecto Sur contra el gobierno nacional por ver quién tiene posibilidad de marcar la cancha en términos de gobernabilidad para un año complicado, por las elecciones presidenciales de 2011. El problema, una vez más, es cuestión de modelos económicos y sociales. El Presupuesto ideado por el Poder Ejecutivo está centrado fundamentalmente en dos ejes: cancelación de deudas a través de los fondos que maneja el Banco Central a través de sus reservas, y generación de empleo a través de la obra pública.
Lo
que pone en riesgo la oposición, entonces, no es sólo el futuro político del
gobierno de Cristina Fernández sino también la posibilidad de llevar adelante
un plan de desarrollo económico que contempla una inversión de 33.300 millones
de pesos y que entre otras cosas incluye:
• Los 380 mil
puestos de trabajo que genera la obra pública
• La construcción de 7400 proyectos planeados para concluir el año próximo, como Atucha II y un reactor nuclear multipropósito, inversiones claves en energía nuclear estratégica para el desarrollo energético argentino.
• 120 mil viviendas sociales y mejoras en otras 110 mil unidades que beneficiarían a 1.250.000 personas,
• 1200 kilómetros de autopistas, entre ellas la autovía 14 (Gualeguaychú-Paso de los Libres, la Circunvalación de Rosario, las rutas nacionales número 7 (en dos tramos) y 3 (entre Trelew y Puerto Madryn), el Camino del Buen Ayre.
• La finalización de los trabajos en 27 hospitales (el Materno Infantil Rafael Castillo, de La Matanza; el de Laferrere; el Municipal, de Morón; el Posadas, de Haedo; de Tigre; de Gualeguaychú, el Río Grande, de Tierra del Fuego y el de niños de Jujuy, entre otros, y la construcción de otros cinco hospitales nuevos: Cañuelas, el provincial de pediatría en Misiones, el nuevo central de Pilar, el de San Fernando, el municipal de Marcos Paz, la remodelación del Larcade, de San Miguel.
• Pondría en peligro un porcentaje del financiamiento de la Asignación Universal por Hijo que beneficia a 3,4 millones de niños y adolescentes, el doble aumento a jubilados y trabajadores del Estado pautado por el Estado anualmente.
• Impediría la ejecución de obras que beneficiarán a 260 localidades de 20 provincias con el acceso igualitario al servicio de gas natural.
• Obras hídricas como la de la cuenca del Río Salado, la del Matanza-Riachuelo y distintos planes de saneamiento de arroyos del interior de la provincia de Buenos Aires. La Planta de Tratamiento Cloacal de Berazategui y la Planta Potabilizadora del Paraná de las Palmas.
• Obligaría al Estado a tomar deuda en el mercado internacional, quebrando así
una tradición de soberanía financiera que caracteriza a esta gestión desde el
año 2003; y aumentando el gasto, ya que obligaría a la Argentina a tomar
préstamos, como en los años 1989-2002, a tasas usurarias.• La construcción de 7400 proyectos planeados para concluir el año próximo, como Atucha II y un reactor nuclear multipropósito, inversiones claves en energía nuclear estratégica para el desarrollo energético argentino.
• 120 mil viviendas sociales y mejoras en otras 110 mil unidades que beneficiarían a 1.250.000 personas,
• 1200 kilómetros de autopistas, entre ellas la autovía 14 (Gualeguaychú-Paso de los Libres, la Circunvalación de Rosario, las rutas nacionales número 7 (en dos tramos) y 3 (entre Trelew y Puerto Madryn), el Camino del Buen Ayre.
• La finalización de los trabajos en 27 hospitales (el Materno Infantil Rafael Castillo, de La Matanza; el de Laferrere; el Municipal, de Morón; el Posadas, de Haedo; de Tigre; de Gualeguaychú, el Río Grande, de Tierra del Fuego y el de niños de Jujuy, entre otros, y la construcción de otros cinco hospitales nuevos: Cañuelas, el provincial de pediatría en Misiones, el nuevo central de Pilar, el de San Fernando, el municipal de Marcos Paz, la remodelación del Larcade, de San Miguel.
• Pondría en peligro un porcentaje del financiamiento de la Asignación Universal por Hijo que beneficia a 3,4 millones de niños y adolescentes, el doble aumento a jubilados y trabajadores del Estado pautado por el Estado anualmente.
• Impediría la ejecución de obras que beneficiarán a 260 localidades de 20 provincias con el acceso igualitario al servicio de gas natural.
• Obras hídricas como la de la cuenca del Río Salado, la del Matanza-Riachuelo y distintos planes de saneamiento de arroyos del interior de la provincia de Buenos Aires. La Planta de Tratamiento Cloacal de Berazategui y la Planta Potabilizadora del Paraná de las Palmas.
La jugada del jueves por la madrugada de obligar a levantar la sesión en medio del escándalo por supuestas denuncias de corrupción por parte de Elisa Carrió, líder de una oposición desleal –aquella que pone en riesgo el normal desempeño de las negociaciones democráticas– junto con la complicidad mediática de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, cuya estrella se va consumiendo de a poco en función de la impopularidad a la que está sometiendo a su diario, no significa otra cosa que jugar con el futuro político, económico y social de todos los argentinos. Intentar acogotar financieramente a un gobierno remite, inevitablemente, a la estrategia que utilizó Domingo Cavallo en 1989 para desestabilizar el gobierno de Raúl Alfonsín.
El modelo económico planteado por el gobierno nacional es sencillo. Se trata de
inyectar demanda –dinero en el bolsillo de los trabajadores– para mantener en
funcionamiento el círculo virtuoso de la economía: el mayor consumo produce
mayor producción, y por lo tanto un aumento en la inversión y por consiguiente
un aumento en los niveles de empleo. La meta del pleno empleo no es sólo una
cuestión macroeconómica si no también política e ideológica. La desaparición
del ejército de reserva –desocupados– que mantuvo el neoliberalismo en los
noventa como método de disciplinamiento de los sectores populares es una garantía
para que los sectores del trabajo puedan mejorar en las negociaciones
paritarias no sólo sus salarios sino también las condiciones laborales
pauperizadas en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa con las
leyes de flexibilización laboral. Es por eso que poner en riesgo la obra
pública del Estado es sinónimo de jugar con el modelo neokeynesiano de
intervención pública para corregir las nefastas consecuencias que produjo el
mercado desatado.
Todo
indica que la Unión Cívica Radical colaborará con aprobar finalmente el
miércoles el presupuesto planteado por el Ejecutivo, como indica la
racionalidad política y el acuerdo de gobernabilidad que se mantiene desde
1990. Hay varias razones para llegar a esta conclusión: tres provincias
dependen de la “ley de leyes” –Catamarca, Corrientes y Río Negro–, pero,
además, una verdadera vocación de poder lo obliga a pactar con el gobierno. Si
cree que tiene posibilidades de ganar en las elecciones de 2011, debe
asegurarse de alguna forma que el supuesto Presupuesto del año 2012 pueda ser
consensuado y que un posible peronismo en la oposición le pague con la misma
moneda. Pero si esto no bastara, los líderes de la UCR deberán sopesar
serenamente el costo político de obstaculizar la gobernabilidad a la presidenta
en un momento como el actual. Nadie podrá dejar de pensar que se trató de una
puñalada trapera en un momento de profundo dolor personal por parte de la
primera mandataria, que hoy cuenta con un alto porcentaje de imagen positiva.
Es decir, si no se trata de una cuestión de ética de la responsabilidad,
deberán echar mano a la fría especulación de las encuestas para actuar con
responsabilidad política.
Se podrán discutir, claro, las
pautas macroeconómicas como los puntos de crecimiento o de superávits, el
índice de inflación, el valor del tipo de cambio del actual modelo
presupuestario presentado por el gobierno, se podrán incluso discutir la
utilidad o no de ciertas obras públicas proyectadas por el Ejecutivo. Pero no
aprobarlo es quebrar la lógica de acuerdos políticos de la democracia. El
gobierno tiene todavía un último recurso: el artículo 27 de la Ley 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional dispone que podrá utilizarse el presupuesto del año anterior y faculta
al jefe de Gabinete para hacer las reformas necesarias. Esto generaría cierta
dificultad, pero no pondría en peligro la gobernabilidad. Lo que sí
dificultaría es la proyección de las obras públicas de las que podrían
disfrutar millones de argentinos. Atentar contra el Presupuesto es, en cierta
manera, atentar contra esos beneficios.
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