domingo, 14 de noviembre de 2010

La propuesta de la oposición es inconstitucional

La propuesta de la oposición es inconstitucional
Por Eric Calcagno, senador de la Nación
La estrategia de la oposición para bloquear el presupuesto del Poder Ejecutivo e imponer el suyo propio es insostenible legal e institucionalmente
La sanción del presupuesto general de la Nación es un acto institucional, político y económico de trascendencia. Tan es así que la Constitución Nacional regla su presentación y sanción. El art. 100, inc. 6, dispone que le corresponde al jefe de Gabinete de Ministros enviar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Ese es el único presupuesto que puede considerarse; ningún legislador puede arrogarse esa facultad. Una vez presentado, le corresponde al Congreso fijar el presupuesto, “en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión” (art. 75 inc. 8). Es decir, las reformas que introduzca el Congreso no pueden alterar el programa de gobierno ni el plan de inversiones públicas que el Poder Ejecutivo ha resuelto en Acuerdo General de Ministros. Históricamente, se ha respetado esa disposición constitucional y el Congreso ha sancionado siempre la propuesta del Poder Ejecutivo, aun cuando hubiera mayoría opositora.
El Presupuesto de la oposición es la antítesis del Programa General de Gobierno y de su plan de inversiones públicas. En el caso el Presupuesto para 2011, los proyectos presentados en la Cámara de Diputados por la oposición vulneran las disposiciones constitucionales citadas. El programa económico del Gobierno se basa en el crecimiento económico con inclusión social. Para ello se ejecutó desde 2003 una política económica basada en un tipo de cambio competitivo, superávits fiscal y de comercio exterior, desendeudamiento, importante aumento de la infraestructura, empleo, reindustrialización, régimen jubilatorio de reparto. Estas conquistas son vulneradas por los proyectos de Presupuesto presentados en la Cámara de Diputados por el Grupo A (UCR, PRO, Coalición Cívica y Peronismo Federal) y por Proyecto Sur. Peor aún: por esta vía se trata de resucitar actos de gobierno ya rechazados, como la prohibición de usar reservas para pagar deuda externa, el creciente endeudamiento externo, el retraso del tipo de cambio, el 82% inmediato para las jubilaciones, el aumento de la tasa de interés. No son retoques para mejorar un presupuesto, sino la instrumentación de un programa de gobierno de la oposición, que es la antítesis del que ejecuta el Gobierno. Responde a un modelo de país diferente y satisface a otros grupos sociales y económicos. A continuación se enumeran algunos puntos importantes de los presupuestos presentados por la oposición, que contradicen el programa de gobierno y los planes de obras públicas. 1. Se incluye el aumento de los haberes previsionales mediante la incorporación al Presupuesto del 82% inmediato para las jubilaciones mínimas. Este intento ya fue vetado por el Poder Ejecutivo Nacional. Según el proyecto de la oposición significaría una asignación de 35.000 millones de pesos para quienes tienen la jubilación mínima; pero de acuerdo con el principio de la igualdad ante la ley, debería extenderse a todos los jubilados, y entonces el gasto sería de 140.000 millones de pesos. En ambos casos se incurriría en un déficit fiscal importante en el primer caso o exorbitante en el otro, y quebraría el sistema previsional. 2. Se elimina el Fondo de Desendeudamiento Argentino. La deuda externa se pagaría con la mayor utilización de adelantos transitorios del Banco Central, mayores préstamos del Banco de la Nación Argentina y utilización de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Como entre el Banco Central y el Banco de la Nación podrían contribuir con 10.700 millones de pesos, deberían liquidarse 46.000 millones de pesos del FGS. Los efectos nocivos serían múltiples: no se trata de activos líquidos, sino que demoran meses o años en venderse, y su remate implicaría una enorme pérdida financiera y el fin del FGS. El presupuesto quedaría desfinanciado; y las únicas alternativas serían el endeudamiento externo muy oneroso (con un aumento sustancial de la deuda) o un ajuste fiscal. En cambio, el pago con reservas internacionales no incidiría en la política económica interna, pues no serían necesarios ni ajuste ni endeudamiento. Lo prueba la experiencia exitosa de 2010. 3. Se elimina el artículo que autoriza la capitalización del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), que el Gobierno considera un actor financiero estratégico para el desarrollo. 4. Se limita la posibilidad de incluir en el presupuesto créditos por compensación derivados de operaciones de crédito público. Pero permite incorporar préstamos con organismos internacionales de crédito (Birf o BID) o bilaterales de país a país sin restricciones ni necesidad de compensación. 5. La oposición establece que será facultad exclusiva del Congreso la asignación de excedentes presupuestarios de recaudación no previstos en el cálculo de recursos. Para evaluar la factibilidad del presupuesto, el Poder Ejecutivo efectúa con anticipación un cálculo de recursos, que no es rígido. No se presenta al Congreso (art. 75 inc. 8) y éste no puede modificarlo, ya que es un simple cálculo basado en anteriores leyes fiscales. Además, para aplicar esa disposición habría que dictar decenas de leyes por año para asignar recursos y gastos, que ya fueron afectados por las leyes de creación de esos recursos; así se paralizaría la administración presupuestaria. 6. Deja sin cobertura legal al financiamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral. 7. Establece que el Tesoro Nacional financiará la Asignación Universal por Hijo. No determina qué otros gastos financiados por el Tesoro se reducirán. 8. Elimina el Fondo Fiduciario Gasoducto Noreste Argentino (Gnea), a través del cual las provincias de Salta, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe hubieran tenido acceso al gas natural. 9. Elimina el Programa de Inversiones Prioritarias en Infraestructura Económica y Social, que se consideraba como un activo financiero, tratado presupuestariamente como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización (art. 17, ley 26.546 de Presupuesto 2010). Así se dificulta o impide la construcción de obras imprescindibles. Justificaciones de la oposición. El principal argumento de la oposición es que el Poder Ejecutivo proyecta tasas de crecimiento y de inflación mucho más bajas que las previsibles, entonces, la recaudación real será mucho mayor y el Gobierno dispondrá de recursos adicionales que no han sido conocidos por el Congreso. Para demostrar la falacia de ese argumento, basta con comparar los datos del Gobierno y de la oposición con los publicados por instituciones internacionales importantes que están muy por encima de toda sospecha de parcialidad a favor del Gobierno. Como se advierte en el cuadro, las proyecciones del Poder Ejecutivo están mucho más cerca de los organismos y centros de estudios internacionales que las cifras de la oposición. En realidad, la conducta del arco opositor es asombrosa: sobre la base de cifras de consultoras comerciales privadas, cuya metodología se ignora, elabora una serie de actos de gobierno que adolece de errores esenciales: Primero, presenta un proyecto de presupuesto que es inconstitucional porque significa la antítesis de la política económica del Gobierno, en violación de los arts. 75 inc. 8 y 100 inc. 6 de la Constitución Nacional. En un sistema presidencialista, a la política económica la fija el Gobierno y no la oposición. Segundo, con la excusa de que el Gobierno va a disponer de recursos muy superiores a los que proyecta -lo cual es desmentido por centros económicos internacionales de orientaciones diversas- intenta imponer sus propias políticas y al mismo tiempo desgastar al Gobierno. Es obvio que si las aplicáramos, el túnel del tiempo nos trasladaría al 2001: endeudamiento externo, déficit y ajuste fiscal, retraso del tipo de cambio, quiebra del sistema jubilatorio, ínfima inversión pública, desarticulación administrativa. Pero no hay peligro, porque nuestra tarea consiste en profundizar el modelo de crecimiento con inclusión social, no en traicionarlo.

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